PP y Vox en Baleares impondrán un requisito de años de residencia para acceder a ayudas sociales, buscando frenar el «efecto llamada» de inmigrantes ilegales. Este cambio, que antes solo se aplicaba a la vivienda social, se extenderá ahora a prestaciones como la Renta Social Garantizada. La consellera Sandra Fernández denuncia que algunas ayudas crean una percepción errónea de cobertura social, e insiste en que el Govern debe evitar contribuir a la crisis migratoria. Fernández critica al Gobierno central por su falta de acción en política migratoria. Vox también ha señalado la falta de responsabilidad del Ejecutivo balear en la gestión de menores no acompañados, tema que el Govern atribuye a los consells insulares.
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