Barracas, un pequeño municipio de Castellón, ha sido afectado por la ley de residuos y suelos contaminados implementada por el gobierno de Pedro Sánchez, lo que obliga a sus cerca de 200 habitantes a pagar una tasa de basuras tras una década de exención gracias a la gestión del alcalde Antonio Salvador. A pesar de la buena salud financiera del ayuntamiento y los intentos por evitar el nuevo impuesto, la ley ha forzado su implementación con tarifas de 110 euros para viviendas y 55 para locales sin actividad. La situación ha generado indignación, especialmente ante la falta de transferencias del Estado, que ascienden a unos 25,000 euros. El alcalde asegura que los fondos recaudados se destinarán a mejorar servicios locales. Mientras, otros municipios, como Torrent, esperan una respuesta del gobierno para una posible moratoria en la tasa de basuras.
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