La reciente decisión del Ministerio de Hacienda, liderado por la ministra María Jesús Montero, ha suscitado un amplio rechazo, especialmente entre los ayuntamientos que han gestionado sus recursos de manera responsable. Esta medida bloquea el uso del superávit municipal y supone un obstáculo para que los municipios puedan invertir en proyectos vitales para sus comunidades. Así, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez no ha cumplido por segundo año consecutivo con su obligación constitucional de presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado, los consistorios se ven penalizados y su capacidad de acción se ve severamente limitada.
Según las denuncias del Partido Popular en Andalucía, esta acción de Montero desincentiva a los municipios que han cerrado el ejercicio con cifras positivas, obligándolos a dejar en suspenso inversiones que ya estaban planificadas y presupuestadas. La Ley de Estabilidad Presupuestaria permite a dichos municipios utilizar su superávit en inversiones financieramente sostenibles, pero el contexto de prórroga de los presupuestos impide que se aplique esta normativa, afectando especialmente a los consistorios gobernados por el PP.
Uno de los puntos críticos de esta situación es el impacto directo que tiene en Andalucía. El artículo 134.3 de la Constitución establece claramente que el Gobierno debe presentar los presupuestos antes del 1 de octubre del año anterior, algo que no se ha cumplido en los últimos dos años. Este incumplimiento ha llevado a un estancamiento que, según critican desde el PP andaluz, castiga a aquellos ayuntamientos que sí cumplen con sus obligaciones, dejando sin recursos a administraciones que actuaron de manera responsable.
Las municipalidades, especialmente las de tamaño mediano y pequeño, dependen en gran medida de estas inversiones para dinamizar su economía y mantener el empleo local. La falta de presupuestos también resulta en un recorte oculto de más de 1.800 millones de euros para Andalucía en 2025, lo que agrava aún más la situación.
Desde el Gobierno de Juanma Moreno se ha reiterado el compromiso con la autonomía municipal y el rechazo a la asfixia económica impuesta por el ejecutivo central. Críticas como las de Antonio Repullo, secretario general del PP andaluz, resaltan que el Gobierno socialista se centra en absorber recursos para sostener su estructura política, en lugar de atender las necesidades de los ciudadanos.
La pregunta que resuena entre alcaldes y ciudadanos es clara: ¿qué clase de país castiga a aquellos que gestionan correctamente? La respuesta parece evidente en las acciones del Gobierno actual, que premia a quienes utilizan el chantaje político como herramienta en lugar de alentar la buena gestión y la responsabilidad fiscal. De este modo, el PP andaluz no solo luchará por el desbloqueo del superávit municipal, sino que exigirá una pronta reforma de los presupuestos que permita a los municipios seguir invirtiendo en sus comunidades.
Fuente: Partido Popular Andalucía
