Cuando el Congreso retome sus actividades, la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2026 (NDAA) se someterá a votación, marcando un paso crucial en la definición de las prioridades del Secretario de Defensa y sus aliados en el ámbito de las inversiones en tecnología militar. Entre las propuestas destacadas se encuentra una reducción significante en los requisitos de evidencia para demostrar la efectividad y el valor de la inteligencia artificial (IA), en cuyo desarrollo se planea invertir considerablemente.
El proyecto de ley de defensa actualmente en discusión apunta a minimizar las divulgaciones de datos que permiten al departamento evaluar los costos reales y los requisitos de prueba que determinan la viabilidad técnica de los productos ofrecidos por contratistas. Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio del Secretario de Defensa para «maximizar la letalidad» mediante la adopción acelerada de software moderno para los combatientes.
El Comité de Servicios Armados del Senado ha mostrado intención de modernizar las operaciones de adquisición y presupuestación del Pentágono, buscando aumentar la eficiencia y fomentar la innovación. En este contexto, el texto de la NDAA de 2026 establece que el Secretario de Defensa debe priorizar mecanismos de adquisición alternativos que permitan acelerar el desarrollo y la producción tecnológica. Parte de esta estrategia incluye un «camino de adquisición de software» diseñado para optimizar el proceso de compra, permitiendo que las nuevas tecnologías o actualizaciones se implementen en un plazo de un año desde iniciado el proceso.
Sin embargo, esta celeridad en la adopción de tecnología conlleva riesgos. El proyecto sugiere que la nueva tecnología no estará sujeta a los protocolos tradicionales de supervisión, lo que plantea preocupaciones sobre la posibilidad de poner la velocidad por encima de la diligencia debida. En un mercado donde las empresas a menudo exageran o incluso engañan sobre las capacidades de sus productos, es crítico que una agencia gubernamental con el presupuesto más abultado tenga el tiempo y los recursos para evaluar efectivamente la eficacia y el costo-beneficio de las nuevas tecnologías.
La decisión de acelerar las adquisiciones de tecnología militar sin un análisis exhaustivo podría resultar en la implementación de herramientas ineficaces, con el potencial de comprometer tanto la efectividad de las operaciones como la confianza pública. En este escenario, el ejército y sus defensores deben reconsiderar la lógica detrás de simplificar el proceso de compra y despliegue de nuevas tecnologías. La postura actual del Departamento de Defensa no inspira confianza en que el ejército del futuro, orientado a la tecnología, estará preparado de manera efectiva, eficiente y transparente.
