El Gobierno ha dado a conocer un ambicioso plan para combatir el creciente problema de las estafas telefónicas, un flagelo que afecta diariamente a millones de personas en el país. En una comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, desglosó las medidas concretas destinadas a proteger a los ciudadanos de los ciberdelincuentes, quienes emplean métodos cada vez más sofisticados para engañar a sus víctimas a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto.
López destacó que aproximadamente un tercio de las consultas que recibe el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en su línea de atención 017 están relacionadas con fraudes telefónicos. Ante esto, el Gobierno considera esencial la implementación de un plan de acción para detener estos delitos de manera eficaz.
El conjunto de medidas, cuidadosamente delineado, incluye el bloqueo de llamadas no asignadas a servicios o clientes específicos, una estrategia efectiva para prevenir la suplantación de identidad, una de las tácticas más comunes empleadas por los estafadores. Asimismo, las llamadas y mensajes de texto de origen internacional serán automáticamente bloqueados si utilizan numeración nacional. Esta es una respuesta directa a una de las fuentes más frecuentes de fraude detectadas por las autoridades.
Otra medida clave es la creación de una base de datos gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que contendrá las entidades autorizadas a emplear alfanuméricos en sus mensajes. De esta manera, cualquier mensaje de entidades no registradas será bloqueado, aumentándose así la capacidad de detección y prevención del fraude.
El plan incluye también la prohibición del uso de números móviles para las llamadas comerciales. Las empresas deberán recurrir a numeraciones bien reconocidas, como los números 800 o 900, permitiendo a los usuarios identificar más fácilmente las llamadas legítimas y desconfiar de aquellas que no cumplan con esta regulación.
Durante su intervención, el ministro López llamó a los grupos parlamentarios a buscar consenso sobre estas iniciativas, destacando que representan una parte fundamental de una estrategia amplia que no solo apunta a detener las estafas telefónicas, sino también a promover el uso ético de la inteligencia artificial y modernizar la administración pública. Este esfuerzo se enmarca dentro de una visión de futuro en la que España destaca por su despliegue de infraestructura digital, ocupando el tercer lugar a nivel mundial en fibra óptica.
López señaló que, junto con estas medidas, el Gobierno seguirá mejorando la conectividad en todo el país, incluyendo la expansión del 5G incluso en los municipios más pequeños. Además, se desarrollará una Estrategia de Espacios de Datos Sectoriales para fomentar la competitividad tecnológica y la soberanía digital. La consolidación de la ciberseguridad también será un pilar central del plan, con recursos dedicados a cátedras de ciberseguridad y ayudas para que las pymes adopten tecnologías de inteligencia artificial.
Por otro lado, reiteró la importancia ética en el uso de inteligencia artificial, anunciando la elaboración de una Estrategia de Centros de Datos Sostenibles para integrar la digitalización con la sostenibilidad ambiental, y la futura operatividad plena de la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA) para 2025.
Lopez concluyó afirmando que el plan representa un esfuerzo sólido para mitigar los riesgos que enfrentan los ciudadanos en el panorama actual de ciberamenazas. Aunque los estafadores siempre buscarán nuevas formas de cometer sus delitos, estas medidas buscan ofrecer un nivel de protección sin precedentes. Con este firme paso, el Gobierno espera allanar el camino hacia un entorno tecnológico más seguro y confiable.
