Las recientes investigaciones sobre la corrupción en el ámbito de las infraestructuras en Andalucía han revelado prácticas irregulares que amenazan el progreso de la región. A pesar de los avances visibles desde 2018, los obstáculos generados por las mordidas socialistas están lastrando los esfuerzos del gobierno de Juanma Moreno, del Partido Popular.
La reciente trama Koldo y Ábalos es un claro ejemplo de cómo intereses personales han perjudicado a la ciudadanía andaluza, provocando no solo demoras significativas en proyectos esenciales, sino también sobrecostes que impactan en las arcas públicas. Estas deficiencias llevaron al Grupo Parlamentario Popular a presentar una Proposición no de Ley en el Parlamento, buscando garantizar una auditoría exhaustiva sobre las obras cuestionadas.
Entre las obras más criticadas está la ampliación del Puente del Centenario en Sevilla, cuyas demoras —prácticamente duplicando el plazo inicial— suscitaban sospechas de corrupción. La obra, que inicialmente costaría 86.4 millones, se estimaba ahora en 128.7 millones, evidenciando un incremento notable y dudosos procedimientos de adjudicación.
Además, otras infraestructuras como el desdoble de la carretera nacional IV entre Dos Hermanas y Los Palacios también han estado rodeadas de irregularidades. Se han descubierto comunicaciones entre funcionarios y empresarios que sugieren un trato preferencial que facilitó otros gastos excesivos.
Las irregularidades se extienden más allá de Sevilla, incluyendo la adjudicación de la A32-N-322 a una empresa granadina, en circunstancias bien discutibles, y la creciente participación de empresas relacionadas con figuras del entorno social del PSOE. La red ferroviaria también ha sido objeto de controversia, con adjudicaciones en las que se han reportado comisiones sospechosas.
La propuesta del Parlamento andaluz busca auditarlas con la finalidad de aumentar la transparencia, abordando cuestiones relacionadas con contratos en diversas provincias y obras que se están ejecutando en condiciones dudosas. La conexión con casos pasados, como el Caso ERE y la Faffe, revela un patrón que requiere urgente atención y solución.
En conclusión, la situación exige un compromiso conjunto por parte de todos los actores políticos y administrativos para rectificar el rumbo y garantizar que Andalucía avance sin las sombras de la corrupción que han marcado su historia reciente. La transparencia y la honestidad deben prevalecer, asegurando un futuro más prometedor para la comunidad andaluza.
Fuente: Partido Popular Andalucía
