El entorno político en Granada está siendo sacudido por el escándalo del caso Koldo, que ha adquirido una dimensión de máxima gravedad tras el reciente respaldo de Raquel Ruz, secretaria general del PSOE de la capital, a Pedro Sánchez. Este apoyo ha sido criticado con severidad por el Partido Popular (PP), que lo considera una falta de autocrítica y una forma de ignorar la crisis de confianza generada en torno a las implicaciones corruptas que afectan al PSOE.
Francis Almohalla, vicesecretario de Capital del PP de Granada, ha denunciado que quienes se presentaron como renovadores de la política en la región están cerrando filas en un contexto de gravísimos delitos, como los reflejados en el informe de la UCO, que indica un desvío de fondos públicos. La inacción y el silencio del socialismo granadino han encendido las alarmas en el PP, que sostiene que el caso Koldo no es solo un incidente aislado, sino un reflejo de un sistema de corrupción más amplio relacionado con la gestión de fondos públicos durante la pandemia.
La importancia de Granada en esta trama se ha hecho evidente, ya que se ha documentado el aumento de actividades sospechosas en la contratación pública. Esto ha llevado al PP a exigir explicaciones claras del PSOE, que, según califican, está adoptando un silencio cómplice que solo erosiona aún más la confianza ciudadana.
El cuestionamiento sobre la actitud de Ruz también ha tomado protagonismo en la discusión. La dirección del PP asegura que su alineación con Sánchez es una decepción para los ciudadanos, quienes buscan transparencia y respuestas a las graves acusaciones que giran en torno al partido. Almohalla ha recalcado que el PSOE debería priorizar a los granadinos antes que sus ambiciones internas.
Las investigaciones de la UCO han arrojado luz sobre prácticas de contratación opaca y el uso indebido de recursos públicos, señalando una serie de operaciones que se habrían originado en Granada. Esta situación ha llevado al PP a solicitar la creación de comisiones de investigación tanto en el Parlamento andaluz como en el Congreso, instando al PSOE a aportar claridad sobre el caso.
La respuesta social ha comenzado a intensificarse. Diversos colectivos y asociaciones exigen una mayor transparencia respecto al manejo de recursos públicos durante la crisis sanitaria, acentuando la percepción de que el caso Koldo no solo es un asunto legal, sino también un dilema ético que debería ser atendido con seriedad.
El PP ha invocado a todas las fuerzas políticas a unirse en la búsqueda de claridad y justicia. Almohalla ha afirmado que no puede haber paz institucional sin verdad y que Granada merece respuestas sobre lo ocurrido y los responsables de la trama del caso Koldo.
En resumen, la presión sobre el PSOE de Granada no cesará y el PP continuará insistiendo en la necesidad de esclarecer los hechos. La voluntad de recuperar la confianza institucional y garantizar la transparencia en la gestión de los fondos públicos se ha convertido en una prioridad política en la región.
Fuente: Partido Popular Andalucía
