Recientes revelaciones sobre la gestión de la sanidad pública en Andalucía han puesto en el centro de la polémica al gobierno de Juanma Moreno. De acuerdo con un informe de la Intervención de la Junta de Andalucía, se ha señalado que la contratación de emergencia realizada en los años 2022 y 2023 ha prescindido del procedimiento legalmente establecido, lo que deja en evidencia un claro incumplimiento de la legislación vigente.
El coordinador de Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez, ha criticado enérgicamente esta situación durante su intervención en el pleno, subrayando que hay hasta 19 informes que revelan una grave falta de respeto hacia la legalidad y un menoscabo de los recursos públicos. Estos informes, calificados de «demoledores», indican un patrón dañino que ha permitido la desvío de recursos de la sanidad pública hacia clínicas privadas, poniendo en entredicho si realmente cumplen con los requisitos necesarios para tal fin.
Márquez ha enfatizado que no se trata de simples irregularidades administrativas, sino de un «modus operandi» mantenido durante años que ha permitido la contratación a dedo en detrimento de un sistema público de salud que ya está sufriendo. En este sentido, ha denunciado la falta de supervisión efectiva sobre los contratos ejecutados, dejando entrever que ha habido «un auténtico descontrol y desmadre de gestión».
El parlamentario socialista también ha señalado que la decisión del consejo de gobierno del 6 de octubre de 2020 de eliminar los controles previos para las contrataciones de emergencia fue clave. Esta medida, en su opinión, desencadenó un sistema de contratación irregular que podría haberse evitado, lo que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar todos los informes y acuerdos relacionados con estas decisiones.
Además, Márquez ha desmentido la afirmación de que existieran informes jurídicos que justificaran estas contrataciones de emergencia. Ha argumentado que no se respetaron los plazos establecidos y que no había una necesidad legítima que justificara el proceder del gobierno andaluz en este sentido. Esta situación ha llevado al coordinador socialista a concluir que no hay ningún aval jurídico para esta práctica, que podría convertirse en una prueba en contra de los responsables.
Por último, el parlamentario ha instado a que se revelen los detalles de la gestión actual del SAS, mencionando que las irregularidades no se han limitado a mayo de 2023, ya que se han extendido con adendas firmadas en enero y julio de 2024, que destinan más recursos a clínicas privadas. Este tipo de gestión ha suscitado la preocupación entre los andaluces, quienes merece conocer la verdad sobre el estado de su sanidad pública, especialmente dado que, a pesar de contar con más fondos, el sistema parece funcionar peor que nunca.
Fuente: PSOE Andalucía
