La reciente aprobación del anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios por parte del Consejo de Ministros ha suscitado una ola de preocupación entre los profesionales de la salud, en especial entre los miembros del Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Foro de la Profesión Médica (FPME). Esta inquietud se fundamenta en las implicaciones que este anteproyecto podría tener sobre la seguridad clínica de los pacientes.
La prescripción de medicamentos es una de las funciones más críticas que lleva a cabo un médico, una tarea que no solo requiere una sólida formación teórica y práctica, sino que es indispensable para garantizar la calidad asistencial. Los médicos deben completar al menos seis años en el Grado de Medicina, además de cuatro o cinco años de especialización, lo que asegura que posean el conocimiento y las habilidades necesarias para tomar decisiones bien fundamentadas en cuanto a la salud de sus pacientes.
Desde el SMA, se ha enfatizado la importancia de que el diagnóstico y tratamiento sean competencias exclusivas de los profesionales médicos. Esto no solo asegura la integridad del sistema de salud, sino que también representa un salvaguarda esencial para la seguridad de los pacientes. En este sentido, tanto la legislación europea como la española están diseñadas para reservar la facultad de instaurar tratamientos con medicamentos sujetos a prescripción médica a médicos, odontólogos y podólogos, dentro de sus respectivas competencias. Esta exclusividad es clave en la protección del paciente y en la garantía de un nivel adecuado de atención médica.
El FPME, en su comunicado, ha manifestado su compromiso por el bienestar de los pacientes y ha señalado que el próximo viernes, 11 de abril, se llevará a cabo una reunión urgente del Observatorio de la Prescripción de la Organización Médica Colegial. Este encuentro tiene como objetivo analizar y valorar en profundidad el anteproyecto y su posible repercusión en el sistema sanitario, así como la atención brindada a los pacientes.
El respaldo del SMA a esta preocupación es un llamado a la reflexión sobre el impacto que cambios legislativos pueden tener en el ejercicio profesional y, sobre todo, en la salud de la población. La defensa de la calidad asistencial y la seguridad del paciente debe ser una prioridad compartida por todos los actores del sistema sanitario, asegurando que las decisiones sobre tratamientos médicos sean tomadas por aquellos cuya formación y experiencia les capacita para ello.
Fuente: Sindicato Médico Andaluz.
