A principios de febrero, la administración de Donald Trump decidió cancelar dos programas federales fundamentales que aseguraban la residencia y el derecho a trabajar en Estados Unidos a más de 700.000 venezolanos, además de numerosos cubanos, haitianos y nicaragüenses. Esta decisión ha generado un clima de incertidumbre y temor en la comunidad venezolana más grande del país, ubicada en la denominada «Pequeña Venezuela» o «Doralzuela», en Miami. La revocación de estos programas amenaza con afectar drásticamente la vida de miles que, a menudo, llegaron a través de desafiantes caminos, como la peligrosa selva entre Colombia y Panamá, o mediante un estatus de permiso humanitario tras la pandemia. La comunidad espera ansiosa el resultado de las demandas legales que podrían revertir la medida.
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