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El Tribunal de Apelaciones Evita Resolver el Debate Fundamental sobre las Órdenes Geofence

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María MR

En una reciente y polémica decisión, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de EE. UU. ha emitido un fallo lacónico relacionado con los controvertidos «geofence warrants». Esta resolución sigue permitiendo el uso de evidencia recolectada a través de esos medios por parte de Google en el caso «United States v. Chatrie», aunque el tribunal ha evitado esclarecer cuestiones constitucionales fundamentales.

La complejidad del caso se refleja en la presentación de nueve opiniones distintas por parte de los quince jueces del tribunal, evidenciando una falta de consenso sobre si estos warrants constituyen una búsqueda de acuerdo con la Cuarta Enmienda. Esta parálisis ha impedido que el Cuarto Circuito adopte una posición clara, a diferencia de otros tribunales que han declarado la inconstitucionalidad de estas órdenes judiciales.

Los «geofence warrants» requieren que proveedores como Google identifiquen dispositivos presentes en un área específica durante un tiempo determinado. Este procedimiento suscita preocupaciones dadas las posibles implicaciones en la privacidad de individuos no relacionados con los casos investigados.

A pesar de la presión pública que ha impulsado a Google a modificar cómo maneja estos datos, restringiendo potencialmente la respuesta a futuras órdenes de geolocalización, la evidencia obtenida con dichas herramientas sigue siendo relevante en varios casos penales en curso.

El fallo inicial del tribunal de distrito en «Chatrie», si bien calificó el warrant de inconstitucional por su amplitud, permitió su uso basándose en la «buena fe» del gobierno. Esta decisión fue parcialmente respaldada por un panel del Cuarto Circuito antes de que el pleno del tribunal entrara en desacuerdo, con una división de opiniones entre los jueces sobre si los geofence warrants son búsquedas según la Cuarta Enmienda.

Los tribunales de apelaciones que han abordado este tema han señalado serias deficiencias constitucionales, alimentando el debate sobre el equilibrio entre la legalidad y los derechos de privacidad en la era digital.

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