El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia contundente que denuncia la discriminación salarial por parte del Gobierno español hacia los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. El fallo evidencia la falta de derecho a la jubilación anticipada para estos agentes, un privilegio otorgado a la policía autonómica y local. La resolución critica al Ejecutivo por financiar diferencias de cotización para cuerpos autonómicos y no hacerlo para los estatales, destacando la vulneración del principio de igualdad. Además, la sentencia obliga al Gobierno a regular la jubilación anticipada para los policías nacionales, resaltando el triunfo del sindicato JUPOL en una larga batalla legal por el reconocimiento de derechos. Esta decisión judicial representa un desafío significativo para el Gobierno, al poner de manifiesto una contradicción con sus promesas de igualdad y justicia social.
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