La reciente reforma a la Ley de Amparo, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido aprobada rápidamente por el Senado con el objetivo de perseguir a grandes deudores fiscales. Esta iniciativa ha generado divisiones y críticas, especialmente por la inclusión de una polémica cláusula que permitiría aplicar la nueva ley retroactivamente, lo cual ha levantado preocupaciones sobre su constitucionalidad. Aunque se han suavizado algunas medidas, la oposición y parte de la academia advierten que se han afectado derechos fundamentales. Además, la reforma impacta en áreas sensibles como salud y medio ambiente, restringiendo el acceso a la justicia constitucional. A pesar de algunas concesiones a las organizaciones civiles, la crítica principal es que la reforma favorece al Estado sobre los individuos, desplazando al ciudadano del centro de los juicios de amparo.
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