El presidente del Gobierno ha tomado la decisión de utilizar a la Abogacía del Estado para interponer una querella contra el magistrado encargado de investigar a su esposa por presunto tráfico de influencias y corrupción. Este movimiento ha generado un intenso debate sobre la separación de poderes y la posible politización de las instituciones del Estado. La acción legal emprendida busca cuestionar la imparcialidad del juez, en un caso que podría tener significativas repercusiones políticas y legales en el país. La controversia se intensifica mientras se espera la respuesta del poder judicial ante estas acusaciones de manipulación y uso indebido de recursos gubernamentales.
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