En la Región de Murcia, siete empresarios, incluido el exvicepresidente de la CROEM, Juan Castejón Ardid, fueron condenados por delitos de prostitución de menores. Las víctimas, algunas de apenas 14 y 15 años, fueron captadas cerca de colegios y entregadas a los condenados que pagaban por servicios sexuales. Pese a la gravedad de estos actos, los acusados no cumplirán condena en prisión debido a un acuerdo con la Fiscalía y al atenuante de dilaciones indebidas en el proceso judicial.
Castejón, conocido como ‘El Petrolero’, recibió una pena de cinco meses de prisión y una multa de 2.000 euros por cada víctima. Otros empresarios condenados incluyen a José Antonio Arce López, Juan Peque Álvarez, José Jara Albero, Antonio Giménez Pelegrín, Antonio Morales Nicolás y Juan Martínez Fernández. Todos ellos evitarán el ingreso en prisión, hecho que ha generado una gran indignación social.
La aplicación del atenuante de dilaciones indebidas ha sido fuertemente criticada. El abogado penalista Antonio Casado Mena cuestionó esta reducción de penas, mencionando que es común debido al mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Casado Mena describió como «vergonzoso» que estos delincuentes eviten la cárcel por retrasos judiciales, una situación recurrente en varios tribunales de España.
El Fiscal Superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, indicó que evalúa la posibilidad de encarcelar a algunos de los condenados, lo cual ha iniciado un debate sobre la necesidad de mejorar la justicia penal y evitar que delincuentes condenados por delitos graves, especialmente contra menores, se beneficien de estas reducciones.
Además de los empresarios, seis intermediarios, quienes captaban a las menores y las ponían en contacto con los clientes, también fueron condenados. Entre ellos, cuatro mujeres conocidas como ‘madames’ obtuvieron reducciones significativas en sus penas, a pesar de las iniciales acusaciones de la Fiscalía que solicitaba hasta 56 años de prisión para algunos.
La sentencia ha generado gran controversia y motivado protestas frente al Palacio de Justicia de Murcia, donde ciudadanos han manifestado su rechazo a la indulgencia del sistema judicial.
