En 2023, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LACSD) se encontró en el ojo del huracán debido a un extendido abuso de bases de datos sensibles de justicia penal. La controversia se desató cuando se reveló que se habían realizado búsquedas no autorizadas para verificar antecedentes en el contexto de permisos de porte oculto de armas. Este comportamiento ilegal contribuyó de manera significativa a las 7,275 violaciones reportadas en todo California al Departamento de Justicia del estado (CADOJ), de las cuales 6,789 fueron atribuidas exclusivamente al LACSD.
Documentos obtenidos durante la investigación revelaron diversos abusos en el manejo de la base de datos, destacando usos para venganzas personales por parte de oficiales. Aunque la mayoría de las sanciones impuestas incluyeron reentrenamientos, se registró la suspensión de 24 oficiales, la renuncia de seis y el despido de nueve en todo el estado debido a estos incidentes.
El Sistema de Telecomunicaciones para la Aplicación de la Ley de California (CLETS) proporciona a los oficiales acceso a una extensa variedad de bases de datos, que abarcan registros del Departamento de Vehículos Motorizados, entre otros. Las agencias que acceden a CLETS tienen la obligación de reportar cualquier uso indebido al Departamento de Justicia, en una clara intención de asegurar la transparencia en el manejo de información crítica.
Los usos indebidos de esta base de datos han adoptado diversas formas, como el intercambio de contraseñas y la consulta de información sobre conocidos o celebridades. En 2019, el CADOJ incluyó el uso de la información para la aplicación de leyes migratorias como un abuso, conforme a la Ley de Valores de California. Entre 2019 y 2023, se realizaron 761 investigaciones sobre el uso inapropiado de CLETS, resultando en más de 7,635 violaciones individuales de las políticas, lo que llevó a 55 suspensiones, 50 renuncias y 42 despidos.
Casos notorios, como el del LACSD usando datos para investigar permisos de porte oculto contra las regulaciones, han generado indignación. Aunque se han implementado medidas correctivas, las problemáticas persisten, sugiriendo que esta no es una situación aislada.
La falta de supervisión sobre otros sistemas utilizados por la policía, como los lectores automáticos de matrículas y las bases de datos de reconocimiento facial, sugiere un potencial abuso aún mayor. Mientras el estado de California se prepara para presentar las cifras de 2024, continúa la preocupación acerca de los abusos sistémicos y la necesidad urgente de transparencia y ética en las prácticas policiales. Las implicancias de estos hallazgos no solo cuestionan la integridad de las fuerzas del orden, sino que también exigen una revisión exhaustiva del sistema para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
