España ha dado un paso decisivo al oficializar su propuesta para albergar una de las cinco gigafactorías de inteligencia artificial (IA) que la Comisión Europea planea establecer dentro del Plan de Acción Continente de IA. El proyecto está respaldado por un consorcio liderado por Telefónica e incluye a empresas como ACS, MasOrange, Nvidia, Submer, Multiverse Computing, y el organismo público SETT. La ubicación sugerida es Móra la Nova, en Tarragona, y se prevé una inversión de 5.000 millones de euros, financiada en un 35% con capital público.
Estas gigafactorías, que cada una alojará 100.000 unidades de procesamiento avanzadas, buscan posicionar a Europa en el competitivo escenario global del desarrollo de modelos de IA. Actualmente, la capacidad de cómputo del continente representa solo el 10% del total mundial, frente al 80% de Estados Unidos y China.
La candidatura española destaca en el contexto europeo al integrar iniciativas de múltiples sectores y mantener una propuesta unificada, a diferencia de la fragmentación vista en otros países como Alemania. El hub digital de Barcelona, con su infraestructura tecnológica avanzada, refuerza la viabilidad del proyecto español.
Más allá del hardware, se subraya la importancia de construir una «capa de servicios» que permita maximizar el uso de estos recursos. Esto incluirá interfaces de acceso, gestión de recursos eficiente, soporte técnico especializado e infraestructura de almacenamiento segura. España, con su experiencia en HPC e IA, está bien situada para desarrollar esta capa intermedia.
Aunque se presenta como una competencia, las gigafactorías se conciben como proyectos europeos en su diseño y operación. Bruselas planea estrategias como la compra conjunta de chips, gobernanza de datos clara e interoperabilidad entre centros para fomentar la colaboración a nivel continental.
El éxito de la iniciativa dependerá no solo del hardware, sino también de su estrategia comercial. Se barajan opciones como Compute-as-a-Service, consorcios sectoriales y cuotas para pymes y universidades. La visión es entrenar modelos europeos y fortalecer sectores estratégicos como la biotecnología y las energías renovables.
Con una inversión total planificada de 200.000 millones de euros, de la cual 20.000 millones se destinarían a estas infraestructuras, la Comisión Europea demuestra su compromiso con la soberanía tecnológica. España, con su propuesta en Tarragona, podría desempeñar un rol clave en este ambicioso proyecto, siempre que se logre conectar la tecnología con el futuro económico de Europa.
