En el actual clima social y político de España, la vivienda emerge como un tema candente y de urgente atención. Con precios que no dejan de elevarse, el acceso a un hogar se torna cada vez más complicado, especialmente para familias y jóvenes. Aunque la especulación y la oferta limitada juegan su papel, un factor crucial y muchas veces pasado por alto es la elevada fiscalidad del sector.
De acuerdo con el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en 2024, el Estado español recaudó más de 50.000 millones de euros en impuestos vinculados a la vivienda, lo cual representa cerca del 3,5 % del PIB nacional. Este desmesurado ingreso contrasta con el escaso 0,5 % del PIB dedicado a políticas públicas de vivienda, poniendo a España entre los países de la OCDE con mayor gravamen sobre la propiedad inmobiliaria, superando ampliamente la media europea.
Analizando más a fondo, uno de cada cinco euros empleados en la compra de una vivienda en España son impuestos. Por ejemplo, un piso de 300.000 euros podría costar alrededor de 240.000 sin las cargas fiscales. Este diferencial, de aproximadamente 60.000 euros, podría ser decisivo para muchas familias, permitiéndoles ahorrar para la entrada hipotecaria o solicitar un préstamo menor, reduciendo así los intereses a pagar.
Desde el inicio de un proyecto de construcción hasta la compra final, existen hasta 16 figuras tributarias distintas que encarecen el proceso. Estos incluyen la compra del suelo, licencias municipales, impuestos sobre construcciones (ICIO) y el IVA aplicado al comprador. En conjunto, estos tributos agregan alrededor de un 20 % al costo financiero de una vivienda en España.
Comparativamente, la fiscalidad española en este sector es extraordinariamente alta. Según la Tax Foundation y la OCDE, España se sitúa entre los países menos competitivos en cuanto a fiscalidad inmobiliaria, solo superada por Bélgica y el Reino Unido. El tipo efectivo sobre la compraventa alcanza un 11 %, y las plusvalías se gravan en un 30 %, mientras que la media europea es del 16,4 %.
Este modelo fiscal tiene profundas implicaciones sociales. Pese a que el sector es altamente rentable para el Estado, la inversión en vivienda social es insignificante. Actualmente, España dispone de apenas un 1,7 % de parque de vivienda social, en contraste con el 9 % de la media en la Unión Europea, según la Fundación Foessa y la Comisión Europea.
Los expertos sugieren varias medidas para reducir esta carga: bajar el IVA del 10 % al 4 % en primera vivienda, ajustar la tributación de las plusvalías por inflación, rebajar el IBI en áreas de alta demanda e incentivar la rehabilitación con tipos reducidos de IVA y deducciones fiscales.
Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cuál administración está dispuesta a recortar esta fuente crítica de ingresos? En 2024, el 50,4 % de la recaudación correspondió al Estado central, un 22,9 % a las comunidades autónomas y un 26,6 % a los ayuntamientos. Un pastel financiero demasiado necesario para cualquier administración como para prescindir de él sin una compensación adecuada.
En conclusión, España enfrenta un dilema: si se mantiene la recaudación actual, se perpetúa la inaccesibilidad a la vivienda; si se reduce, se comprometen ingresos vitales. Mientras tanto, los ciudadanos continúan soportando la carga con hipotecas que exigen 7,5 años de salario bruto medio para ser pagadas y cuotas que representan el 39 % de la renta familiar, el nivel más alto en una década. La cuestión, más que reducir impuestos, es cómo transformar esta fiscalidad para facilitar el acceso a la vivienda, en vez de obstaculizarlo.
