La exconsejera Salomé Pradas, investigada por la catástrofe de la riada que causó 229 muertos, espera que el proceso judicial clarifique los hechos. Pradas ha sido señalada por su presunta responsabilidad en la gestión de la crisis y niega variaciones en su relato, apuntando a los técnicos y exculpando al president Carlos Mazón, con quien mantuvo contacto constante durante el desastre. A pesar de las críticas, Pradas asegura que asumió funciones que no le correspondían. La jueza de Catarroja considera que hay indicios de negligencia abrumadora en su gestión, lo que justifica su imputación por homicidio imprudente, mientras se espera que futuros testimonios, como el de la periodista Maribel Vilaplana, arrojen más luz sobre la tragedia.
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