El Ministerio de Justicia ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un pronunciamiento urgente sobre la huelga de jueces prevista para julio, en protesta por reformas legales impulsadas por el Gobierno. La división entre bloques progresistas y conservadores del Consejo sobre el derecho de huelga de jueces complica la situación, dado que unos consideran que este derecho no está amparado por la ley, mientras que otros lo ven como un derecho constitucional no limitado. Ambas partes coinciden en que el CGPJ no tiene competencia para establecer servicios mínimos ni descontar sueldos por huelga, tarea que alterca con Justicia, que ya ha descontado salarios anteriormente, aunque sin éxito judicial. Ante esta incertidumbre, Justicia presiona al CGPJ para que identifique a quienes se adhieran al paro, a fin de aplicar penalizaciones económicas, pese a que la Audiencia Nacional falló previamente que el ministerio no posee la competencia para ello.
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