La reciente financiación privilegiada para Cataluña, acordada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat, ha suscitado serias críticas. Este modelo, conocido como “cupo independentista”, se considera una violación del principio de igualdad entre comunidades autónomas, debilitando la solidaridad interterritorial y perjudicando los intereses de Andalucía, la comunidad más afectada.
Diversos expertos fiscales, constitucionalistas y miembros del Ministerio de Hacienda han expresado sus preocupaciones sobre la singularidad de la financiación, que se inspira en el modelo vasco. Esta fórmula fue rechazada el año pasado por la actual vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ahora se ve obligada a defender un sistema que, en su momento, criticó abiertamente.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio de 2024, Montero afirmó que no se podía aceptar que una sola comunidad autónoma asumiera todas las cargas fiscales. Sin embargo, menos de un año después, apoya la implementación de este modelo, lo que despierta confusión y descontento entre los andaluces. Montero, antes consejera de Hacienda en Andalucía, ahora avala un privilegio que antes veía como injusto.
El “cupo independentista” ha sido interpretado como una forma oculta de compra de votos, vital para la estabilidad del Gobierno en un momento de creciente presión por parte de fuerzas independentistas. Los inspectores de Hacienda han calificado esta situación como un “régimen ilegal” que contradice lo establecido en la Constitución, pues carece de regulación en leyes vigentes.
Andalucía, que viene sufriendo un sistema de financiación obsoleto desde 2014 y que acumula un desequilibrio fiscal superior a 17,800 millones de euros, se siente especialmente perjudicada por este nuevo modelo. La comunidad no recibe la justicia que le corresponde mientras que Cataluña obtendrá la posibilidad de recaudar el 100% de sus impuestos, lo que, según analistas y diversos líderes políticos, rompe la cohesión territorial y debilita los servicios públicos en Andalucía.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido paridad en el tratamiento financiero, clamando que, si se concede este modelo a Cataluña, también deben concederse las mismas condiciones a su comunidad. En un clima de creciente rechazo, políticos de todas las tendencias, incluidos algunos barones socialistas, han criticado abiertamente esta “corrupción política”, sosteniendo que el Gobierno está priorizando intereses partidistas sobre la igualdad entre los ciudadanos.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado advierte que, si Cataluña obtiene esta gestión exclusiva de sus tributos, otras comunidades verán seriamente comprometidos sus recursos. Esto podría generar una ciudadanía de primera y de segunda, aumentando aún más la percepción de privilegio por parte de regiones específicas.
La implementación de este modelo no ha sido consensuada con el resto de comunidades, lo que ha suscitado un rechazo generalizado. La unilateralidad del acuerdo, que ha sido concebido en el marco de una comisión bilateral cuyo propósito ha sorprendido a muchas instituciones, pone sobre la mesa las tensiones que surgen en un sistema construido sobre la diversidad y la solidaridad.
Ante este trasfondo de descontento y desigualdad, María Jesús Montero permanece en silencio, mientras su papel en la promoción del cupo independentista genera divisiones profundas en el tejido político español. Mientras algunos líderes se preparan para luchar contra lo que consideran un ataque a la igualdad y la cohesión territorial, la situación económica y social en comunidades como Andalucía sigue deteriorándose, poniendo a prueba la resistencia de una España unida.
Fuente: Partido Popular Andalucía
