El Tribunal Supremo ha dictaminado hoy que la nueva ley de vivienda, que busca regular los precios de los alquileres en zonas tensionadas, no es inconstitucional. La decisión, que ha generado diversas reacciones políticas, supone un avance para el Gobierno, que defiende la medida como una herramienta para mejorar el acceso a la vivienda. Sin embargo, la oposición critica que se afectará negativamente al mercado inmobiliario, desincentivando la inversión privada. Esta resolución es vista como un paso determinante en la política de vivienda en España, en medio de un panorama de escasez habitacional y aumento de precios.
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