El sistema de pensiones en España enfrenta una reestructuración significativa, afectando principalmente las pensiones de viudedad y orfandad. La reforma, anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, modificará el cálculo de estas prestaciones, incorporando los años de cotización del fallecido en lugar de basarse únicamente en un porcentaje de la base reguladora. Este cambio, que busca adaptarse a las nuevas realidades sociales y demográficas, ha generado reacciones diversas. Los críticos alertan sobre una posible reducción en las cuantías para beneficiarios, especialmente para los más jóvenes o aquellos con carreras de cotización más cortas. Además, el gobierno ha propuesto mantener una protección especial para los pensionistas de viudedad mayores de 65 años, garantizando que sus prestaciones no se vean reducidas e incluso puedan mejorar en ciertos casos. La reforma, aún en estudio, podría impactar de manera significativa a los jubilados que dependen de estas pensiones, con un gasto actual en pensiones de viudedad de 2.100 millones de euros al año, representando el 20% del gasto total en pensiones del país.
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