El interés por los mercados internacionales sigue en aumento entre los inversores españoles, quienes, en busca de mayores oportunidades, optan cada vez más por brókeres internacionales como Interactive Brokers, DeGiro o eToro. Esta tendencia se debe a la posibilidad de acceder a una amplia diversidad de productos financieros y mercados en todo el mundo. Sin embargo, esta estrategia de inversión global no exime a los inversores de las responsabilidades fiscales en su país de origen.
La normativa fiscal española es clara en cuanto a la obligación de declarar todos los rendimientos obtenidos, sin importar si los productos financieros o los intermediarios están ubicados fuera del territorio nacional. Los rendimientos provenientes de acciones internacionales, dividendos, intereses o cualquier otro tipo de ganancia deben reflejarse en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
No solo las acciones de compañías extranjeras están sujetas a declaración. También deben incluirse en el IRPF otros productos financieros, tales como fondos de inversión domiciliados fuera de España, cuentas bancarias extranjeras e incluso criptomonedas almacenadas en plataformas internacionales. Un aspecto crítico a tener en cuenta es que los brókeres internacionales no tienen la obligación de reportar automáticamente la actividad de sus clientes a la Agencia Tributaria española. Por lo tanto, es el propio inversor quien debe asegurarse de proporcionar toda la información fiscal relevante.
Este proceso implica identificar correctamente la categoría de cada rendimiento antes de incluirlo en el IRPF. Hay que diferenciar entre dividendos, intereses y ganancias patrimoniales, entre otros, ya que cada tipo de rendimiento tiene un tratamiento fiscal específico. Las ganancias patrimoniales, por ejemplo, se engloban en la base del ahorro y están sujetas a un gravamen progresivo que oscila entre el 19% y el 28%, según el monto.
Los inversores deben ser meticulosos en el cálculo del beneficio neto de cada operación, restando los gastos asociados como las comisiones del bróker e incorporando el tipo de cambio oficial en el caso de operaciones en divisas distintas al euro. Asimismo, es crucial estar al tanto de las obligaciones adicionales, como la presentación del Modelo 720, necesario cuando el patrimonio mantenido en el extranjero supera los 50.000 euros en ciertas categorías.
En el caso de los dividendos procedentes del exterior, existe el riesgo de sufrir una doble imposición. No obstante, el sistema fiscal español permite deducir el impuesto retenido en el país de origen del dividendo para mitigar este posible perjuicio.
En definitiva, el uso de brókeres internacionales puede abrir nuevas puertas a los inversores españoles, pero también impone la necesidad de una gestión fiscal exacta y detallada. Cumplir con todas las obligaciones fiscales no solo es una exigencia legal, sino un componente esencial para asegurar que los beneficios generados por estas inversiones sean verdaderamente rentables.
