La reforma de las pensiones que entrará en vigor en 2025 incluye la introducción de la «cuota de solidaridad», un nuevo gravamen dirigido a salarios altos con el fin de reforzar el sistema de pensiones y asegurar su sostenibilidad. Esta medida, cuyo diseño es progresivo, se aplicará a los salarios que superen los 4.909 euros brutos mensuales, con tramos impositivos escalonados entre el 0,92% y el 1,17% dependiendo del exceso sobre la base máxima. Aunque la mayor parte de esta cuota será cubierta por las empresas, también afectará el ingreso neto de los trabajadores con mayores sueldos. Además, se sumará un aumento en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, otro gravamen que busca fortalecer el Fondo de Reservas de la Seguridad Social. Estas medidas, aunque necesarias para la sostenibilidad del sistema, generan debate debido a los costos adicionales que imponen tanto a empleadores como a empleados de altos ingresos. Quienes estén afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos estarán exentos, no así los del Régimen General. A largo plazo, estos cambios podrían influir en estrategias empresariales de remuneración.
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