El sector público sigue adoptando medidas de gasto que fomentan un intervencionismo significativo en la economía, otorgando subvenciones y compensando gastos de agentes económicos. Este enfoque eleva el gasto público y amenaza la economía productiva, debilitando el tejido económico y aumentando el desempleo, especialmente afectando la clase media y su acceso a la vivienda. Aunque el gasto se financia mediante impuestos, la redistribución de rentas crea injusticias, como en el acceso a viviendas de protección oficial, dejando a los contribuyentes con ingresos medios en desventaja. La intervención constante y las compensaciones a decisiones riesgosas con fondos públicos desincentivan la prudencia financiera, generando una redistribución perpetua que, a menudo, resulta en menor renta disponible para quienes financian estas políticas. Esto socava el esfuerzo y la justicia económica.
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