El Gobierno español ha dado un paso trascendental en el ámbito laboral con el anuncio de la aprobación inminente de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Este martes, el Consejo de Ministros sancionará esta medida, resultado de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, el Ministerio de Economía, bajo la dirección de Carlos Cuerpo, y los sindicatos CCOO y UGT. La nueva regulación entrará en vigencia entre abril y mayo de 2025, aunque el proceso legislativo aún podría experimentar modificaciones.
La decisión marca un avance histórico en la lucha del movimiento obrero, orientada a mejorar el balance entre la vida personal y laboral de los trabajadores. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha resaltado que la iniciativa es «un deber democrático» para compensar desiguales históricas, subrayando que tiene como objetivo honrar a quienes han sido motor del país: «las mujeres y hombres que han dedicado su esfuerzo y tiempo al desarrollo del país”.
El nuevo esquema operativo se materializará a través de una modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Con la entrada en vigencia de esta normativa, cualquier hora laborada que supere el límite de 37,5 horas semanales será clasificada como extraordinaria. El Gobierno ha garantizado que esta reducción no conllevará recortes salariales ni afectará los complementos laborales ya pactados.
Los convenios colectivos dispondrán de un plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para adecuarse a esta nueva normativa. Durante este tiempo, las empresas tendrán la responsabilidad de asegurar que sus empleados no excedan el límite de horas estipulado.
Entre las novedades, destaca la imposición a las empresas de mantener un registro diario de jornada «objetivo, fiable y accesible». Este sistema deberá estar disponible de manera remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como para los representantes de los trabajadores. El incumplimiento de esta obligación se considerará una infracción por cada empleado perjudicado.
Asimismo, se fortalece el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral. Las empresas no podrán penalizar a los trabajadores por desatender comunicaciones fuera de su jornada, garantizando así su privacidad y derecho al descanso.
Pese al consenso alcanzado entre el gobierno y los sindicatos, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha expresado su descontento, calificando la medida de «inconstitucional» y acusando al Gobierno de entrometerse en las competencias del diálogo social.
Carlos Cuerpo, no obstante, se ha mostrado optimista respecto al acuerdo, afirmando que, aunque el texto podría sufrir alteraciones durante su tramitación, confía en alcanzar un punto final que logre estos derechos sin perder su ambición.
Esta reforma no solo busca mejorar las condiciones laborales, sino también facilitar la convivencia familiar. Yolanda Díaz enfatiza que «el tiempo es el recurso más valioso que tenemos», asegurando que esta medida permitirá a los padres y madres disfrutar de sus hijos después del trabajo sin necesidad de esfuerzos adicionales.
El Gobierno pretende, con este ajuste, avanzar hacia un modelo laboral más justo y equitativo, recuperando lo que Díaz define como “el tiempo de vida” de los trabajadores.
