El debate sobre la carga fiscal que soportan los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI) en España ha vuelto al centro del escenario político, desencadenado por un acalorado intercambio en el Congreso entre el diputado de Vox, José María Figaredo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Las cifras presentadas por ambos provocaron polémica y reavivaron la discusión sobre la presión fiscal real que enfrenta este segmento de la población.
En 2024, el SMI en España se fijó en 15.876 euros brutos anuales. Figaredo argumentó que más del 50% de esta cantidad es absorbida por el Estado mediante impuestos y cotizaciones, afirmación que Montero rechazó, asegurando que el SMI está exento de IRPF. Sin embargo, el IRPF no es la única vía de contribución al erario.
La realidad fiscal va más allá del IRPF. Los trabajadores del SMI se enfrentan a un conjunto de impuestos y cotizaciones obligatorias significativas. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el tipo efectivo medio del IVA para aquellos con ingresos bajos es del 12,4%, lo que representa alrededor de 1.968 euros anuales. A esto se suman los impuestos especiales sobre productos como hidrocarburos, alcohol y tabaco, con un impacto promedio del 2% del salario bruto, es decir, 317 euros anuales. Además, algunos trabajadores pagan el IBI, con un coste promedio del 1,64%, equivalentes a 260 euros anuales, junto con cotizaciones a la Seguridad Social que suponen un 6,47% del salario bruto, es decir, 1.027 euros al año. En total, estos pagos representan un 22,8% del salario bruto anual.
Las cotizaciones empresariales también son una parte crucial de esta ecuación, ya que los empleadores desembolsan un 30,48% adicional del salario bruto a la Seguridad Social, lo que suma 4.837 euros anuales. Así, el coste laboral total alcanza los 20.713 euros anuales, de los cuales el Estado recauda aproximadamente 8.449 euros, casi un 40% del total. Esto refuerza la argumentación de Figaredo sobre la significativa carga que recae sobre el SMI.
Sin embargo, la discusión sobre la carga fiscal debe considerar también los beneficios que los trabajadores reciben en forma de servicios públicos como sanidad y educación. Estos servicios tienen el potencial de compensar, al menos parcialmente, la presión fiscal. No obstante, el saldo neto entre las contribuciones fiscales y los beneficios recibidos sigue siendo un tema de debate.
El análisis de las contribuciones fiscales del SMI revela la complejidad del sistema tributario español. Aunque las cifras absolutas sobre impuestos y cotizaciones son notables, los beneficios y ayudas del estado también desempeñan un papel importante. Sin embargo, es crucial reconocer que los trabajadores que perciben el SMI contribuyen de manera significativa al sistema, y cualquier omisión de este hecho distorsiona el debate sobre la equidad tributaria y la sostenibilidad fiscal en España, evidenciando la necesidad de un continuo análisis y discusión en materia fiscal.
