La Dirección General de Tributos (DGT) ha emitido una respuesta clave en respuesta a una consulta vinculante planteada por Ángel Luis Benavente Miranda, gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón (EMVISA), que podría cambiar el panorama del alquiler de viviendas en España. La consulta se centró en el artículo 23.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), revisado recientemente por la Ley 12/2023, en el contexto del derecho a la vivienda, y su interpretación podría suponer beneficios fiscales significativos para los arrendadores que participen en programas públicos de alquiler.
Benavente Miranda argumentó que la normativa vigente no ofrecía la claridad necesaria respecto a las reducciones fiscales aplicables al rendimiento neto del alquiler de una vivienda habitual. Según el gerente, la redacción original de la ley dejaba interpretaciones ambiguas, especialmente en la práctica del IRPF. La intención declarada del legislador es estimular el alquiler mediante colaboraciones variadas, indicando que no es obligatorio que la administración pública actúe como arrendataria para que los propietarios accedan a reducciones fiscales significativas.
La respuesta de la DGT ha sido contundente y aclaradora: la reducción fiscal del 70% es aplicable siempre que la vivienda forme parte de un programa público que imponga una limitación al precio del alquiler. Esta aclaración establece un marco que podría beneficiar a numerosos arrendadores al reducir considerablemente sus cargas fiscales.
Este pronunciamiento tiene un impacto directo sobre el programa «Gijón Confía Alquilando», que lidera el Ayuntamiento de Gijón. El programa pretende facilitar el acceso a viviendas en alquiler mediante incentivos fiscales a los propietarios, incrementando la oferta de alquiler y apoyando a quienes buscan soluciones habitacionales asequibles.
Más allá de Gijón, las implicaciones de esta decisión de la DGT podrían extenderse a nivel nacional. Otras entidades municipales pueden adoptar este enfoque como precedente, optimizando sus estrategias para el alquiler de vivienda y fomentando un entorno más favorable para los propietarios. Esto generaría una dinámica positiva en el mercado del alquiler, contribuyendo a solucionar una de las cuestiones habitacionales más acuciantes del país. La medida se perfila así como un catalizador clave para mejorar el acceso a la vivienda en España, alinear los incentivos económicos con los sociales y mejorar las condiciones para todos los involucrados.
