El sindicato mayoritario de Policía y los Mossos d’Esquadra ha denunciado que, desde septiembre de 2023 hasta mayo de este año, el Departamento de Interior de la Generalitat ha dejado caducar o prescribir el 81% de las actas de sanción administrativa. Según Pere Garcia, secretario general del sindicato SAP-FEPOL, el culpable es el cambio en la tramitación impulsado por el exconseller Joan Ignasi Elena, lo que ha resultado en una gestión administrativa «deficiente e irresponsable». Esto ha causado que se pierdan cerca de 5,6 millones de euros en multas y ha afectado la labor policial para retirar drogas y armas. Los sindicatos reclaman una vuelta al sistema anterior y mayor celeridad en la gestión de las sanciones.
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