El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha firmado un convenio de colaboración con el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, José Blas Fernández, para impulsar la mediación en conflictos laborales judicializados. Este convenio, considerado pionero en España, permitirá el desarrollo de una experiencia piloto en los juzgados de lo Social para reducir la carga de trabajo y agilizar la resolución de asuntos.
La iniciativa, primera de su tipo en el país, es parte de la Estrategia de Mediación de la Consejería para fomentar vías alternativas y expeditivas de resolución de conflictos. La experiencia previa en mediación penal en Andalucía, que ha demostrado ser eficaz al resolver delitos leves en un mes, busca trasladarse ahora al ámbito laboral.
José Antonio Nieto ha señalado que existe un importante atasco en los juzgados de lo Social, con juicios pautados hasta 2027 y 2028, agravado por la negativa del Ministerio de Justicia a crear nuevos órganos judiciales en Andalucía. Ante esta situación, la participación de los graduados sociales como mediadores, gracias a su especialización en Derecho laboral, se plantea como una solución a «coste cero» para la Junta. El convenio permitirá a los Colegios provinciales de Graduados Sociales crear una bolsa específica de mediadores laborales, complementando la mediación prejudicial del CMAC.
El convenio incluye que los graduados sociales puedan mediar en casos como despidos o reclamaciones de cantidad, siempre de manera voluntaria y manteniendo la representación legal habitual. Los Puntos de Información para la Mediación en Andalucía (PIMA) facilitarán la coordinación entre las partes y los mediadores.
Nieto ha destacado la importancia de agilizar la resolución de conflictos para prevenir el deterioro de relaciones laborales. José Blas Fernández, por su parte, ha afirmado que la mediación no solo alivia a los tribunales, sino que ofrece un enfoque más humano y acorde con las necesidades ciudadanas, beneficiando tanto a ciudadanos como a empresas andaluzas. El acuerdo busca consolidar la mediación como un mecanismo rápido y económico, en respuesta a la creciente demanda de alternativas para desjudicializar procedimientos y fomentar la armonía social y laboral en Andalucía.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
