El Ayuntamiento de Llucmajor se enfrenta a un grave desafío judicial después de que el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma haya reiterado la exigencia de entregar documentos en una investigación por presunta falsificación documental. Bajo la dirección de Xisca Lascolas, el Consistorio ha sido advertido de posibles responsabilidades criminales si continúa desatendiendo los requerimientos judiciales. El caso, abierto desde 2021, involucra al Ministerio Fiscal y a empresarios locales como acusación, y la empresa Somriu Produccions SL está entre los investigados. La falta de colaboración del Ayuntamiento ha llevado al juez a elevar el tono con consecuencias penales, colocando al gobierno municipal en una incómoda posición institucional. La investigación sigue pendiente de las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
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