La Audiencia de Sevilla ha decidido llevar el caso de los ERE fraudulentos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después de un desacuerdo con el Tribunal Constitucional español. Los magistrados sevillanos cuestionan las sentencias del Constitucional que redujeron las penas a expresidentes andaluces y ex altos cargos, argumentando que dichas sentencias vulneran la legalidad penal y podrían generar impunidad en delitos de corrupción. El tribunal sevillano busca esclarecer cómo se alinean estas resoluciones con el derecho europeo, citando el riesgo de afectación a los intereses financieros de la UE. A pesar de largos procedimientos judiciales que condenaron a los implicados en 2019 y fueron ratificados por el Tribunal Supremo en 2022, el Constitucional ordenó revisar las sentencias, decisión que la Audiencia desestimó, optando por consultar con la justicia europea tras una solicitud del Partido Popular. Ahora, la resolución está pendiente del Tribunal de Luxemburgo, en un proceso que podría demorarse años.
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