Cinco comunidades autónomas, en lugar de las cuatro anteriores, ahora reciben menos financiación por habitante ajustado que la media estatal. El ajuste en la distribución de recursos ha generado preocupación en estas regiones, que enfrentan desafíos para mantener los niveles de servicios públicos. Este cambio refleja un desequilibrio en el modelo de financiación autonómica que podría intensificar las demandas de reforma en el esquema fiscal actual, incentivando el debate sobre una redistribución más equitativa.
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