La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos ha planteado una propuesta que está desatando un intenso debate sobre el acceso público a los medios de comunicación. El foco de esta discusión se ha centrado en la posibilidad de introducir un nuevo estándar para la televisión digital, conocido como ATSC 3.0, que podría limitar el acceso gratuito a las ondas públicas.
Este nuevo estándar, impulsado por la poderosa Asociación Nacional de Radiodifusores, incorpora sistemas de gestión de derechos digitales (DRM) que permitirían cifrar las señales transmitidas por aire. Este cambio obligaría a los consumidores a adquirir televisores equipados con la tecnología DRM para poder desbloquear y ver ciertos contenidos. La medida ha sido calificada como un intento de privatizar un recurso que históricamente ha sido de dominio público.
El impacto de esta transición afectaría de manera desproporcionada a aquellos que dependen de la televisión por aire, en particular a las comunidades rurales y de bajos ingresos. Para millones de estadounidenses, la televisión sigue siendo una fuente crucial de información y entretenimiento gratuito. Tradicionalmente, las licencias para emisoras se han otorgado con la condición de proporcionar programación gratuita a todos los residentes de sus áreas de cobertura.
La introducción del DRM podría alterar radicalmente este sistema, desplazando el modelo actual hacia uno donde una autoridad privada regula el acceso a los contenidos y los dispositivos necesarios para su visualización. Los críticos argumentan que la industria del entretenimiento ya ha experimentado cómo las restricciones del DRM pueden estancar la innovación, citando el ejemplo del mercado de los DVD, que ha visto pocas mejoras significativas debido a controles similares.
El DRM también está en conflicto con los principios del uso justo, que permiten a los usuarios grabar y visualizar contenido posteriormente. Las restricciones adicionales del DRM complicarían estas prácticas y podrían llevar a sanciones, limitando así los derechos de los consumidores.
Mientras los radiodifusores afirman que el nuevo estándar fomentará el desarrollo de funciones interactivas, la escasa adopción de dichas innovaciones sugiere que no son atractivas para el público. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) instan a la FCC a rechazar esta medida, haciendo un llamado a defender el acceso libre y abierto a las ondas públicas, destacando la necesidad de proteger los intereses de millones de ciudadanos por encima de los de unas pocas empresas mediáticas.
