La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Nacional que ordene al Ministerio de la Presidencia el borrado de los antecedentes penales de Baltasar Garzón, exjuez condenado en 2012 por prevaricación. Este paso se da tras la inacción del Gobierno a las reclamaciones de Garzón, basadas en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en 2021 expresó dudas sobre la imparcialidad e independencia del tribunal que lo juzgó. El Comité insistió en que España debe proporcionar una «reparación integral» a Garzón, incluyendo la eliminación de sus antecedentes y compensación por daños. Ante el silencio administrativo, Garzón acudió a los tribunales para exigir el cumplimiento del dictamen.
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