En octubre de 2024, una reunión crucial tuvo lugar entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto a 20 organizaciones sociales. Estas organizaciones presentaron propuestas centradas en personas y derechos humanos para el Plan de Implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo en España. Pese al avance que representó este encuentro, las organizaciones expresan su inquietud por la falta de un borrador y una propuesta oficial del plan, a pocos días de la fecha límite, el 12 de diciembre.
Las organizaciones subrayan la necesidad de no concebir el Pacto como algo distante, insistiendo en una implementación coherente con las políticas migratorias domésticas. Destacan la importancia de la participación activa y transparente de la sociedad civil en la planificación, tal como se prometió en el encuentro. En un contexto europeo donde se exploran propuestas como centros de internamiento en terceros países, las entidades recalcan la necesidad de España de distanciarse de estas medidas, que comprometen los derechos humanos y el principio de no devolución.
En el plano nacional, España enfrenta un periodo de reforma y propuesta de regularización de personas migrantes, procesos que han integrado significativas contribuciones de la sociedad civil. Las organizaciones instan a que esta misma participación se refleje en el diseño del plan de implementación, para posicionar el respeto a los derechos humanos en el centro de las acciones.
Además, en medio de una situación en Europa que desafía las garantías de derechos, las organizaciones enuncian la necesidad de mantener estándares de protección elevados. Proponen medidas que incluyan acceso a asistencia jurídica gratuita, evaluación individual de solicitudes, atención sanitaria, y garantías para la infancia, como la preservación de la unidad familiar. Adicionalmente, abogan por un mecanismo independiente de supervisión de derechos humanos en fronteras, asegurando la participación ciudadana.
Finalmente, las organizaciones signatarias, que incluyen entidades de gran reconocimiento como Amnistía Internacional, Cruz Roja Española y Save the Children, entre otras, recuerdan que el reto no solo radica en la reacción ante emergencias sino en la adecuada preparación y estructuración del sistema para evitar derogaciones a las normas de asilo y garantizar un proceso de implementación del Pacto que cumpla con el respeto y protección de los derechos humanos.
Fuente: Federación Andalucía Acogel.
