El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, se ha reunido nuevamente con los representantes del Consejo Andaluz de Estudiantes (CAE) para avanzar en la futura Ley de Universidades para Andalucía (LUPA). Este encuentro se centró en analizar las aportaciones del colectivo estudiantil al anteproyecto, que estará en exposición pública hasta el próximo 18 de octubre. Hasta la fecha, se han presentado 25 alegaciones desde las universidades de Cádiz, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla, con perspectivas de que aumenten antes del cierre del plazo. Gómez Villamandos ha mostrado disposición a integrar algunas de las propuestas presentadas.
La normativa proyectada busca proteger el sistema público universitario, fomentar la internacionalización y estabilizar la carrera académica, además de favorecer la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, mejorar la gobernanza e impulsar una mayor transparencia en las instituciones académicas. El consejero subrayó que un eje central del nuevo marco legislativo es el incremento y consolidación de los derechos del estudiantado, incorporando medidas que profundizan en esta dirección.
El documento destaca, por primera vez, que los estudiantes tendrán derecho a un sistema de bonificación de los precios de las matrículas universitarias, reforzando el compromiso de Andalucía con el acceso igualitario a la educación superior. Este compromiso también se extiende a las instituciones académicas privadas, que deberán reservar un 3% de sus ingresos anuales para programas de becas y ayudas al estudio en los nuevos proyectos promovidos en la comunidad.
Otra novedad significativa para los estudiantes es el blindaje legal de la movilidad internacional mediante programas de becas y ayudas al estudio financiados por la Administración autonómica. Gómez Villamandos se refirió a la exigencia, a partir de octubre de 2029, de disponer del nivel B2 en un idioma extranjero para la obtención de un título oficial universitario. Esta condición busca mejorar la empleabilidad de los universitarios y será implementada progresivamente, con apoyo financiero autonómico.
El anteproyecto continuará abierto para recibir alegaciones hasta el 18 de octubre, las cuales serán evaluadas para integrar las pertinentes. Luego, la Consejería solicitará los informes preceptivos necesarios para su aprobación como proyecto de ley y posterior debate en el Parlamento andaluz, con la expectativa de que la LUPA entre en vigor en 2025, reemplazando la normativa de 2013.
Para la elaboración del anteproyecto, la Consejería colaboró con rectores, la comunidad educativa, y agentes económicos y sociales. Tras la autorización para iniciar su tramitación el pasado 24 de septiembre, Gómez Villamandos ha reanudado la ronda de reuniones para avanzar en el diseño de la futura norma. El proceso comenzó con un encuentro con rectores y continuará con reuniones adicionales con la comunidad universitaria, buscando un diálogo y consenso duradero hasta su tramitación parlamentaria.
Fuente: Junta de Andalucía.
