El Consejo de Gobierno de Andalucía ha sido informado, a petición de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, sobre un requerimiento dirigido a la Administración General del Estado. La solicitud busca que el gobierno central financie los más de 16,8 millones de euros que Andalucía ha asumido para brindar atención integral a 567 menores migrantes no acompañados, quienes fueron trasladados a la región por el Gobierno de España bajo la apariencia de adultos.
Estos menores han sido ingresados en centros de protección de la comunidad autónoma y continuarán en programas de preparación para la vida independiente. La Junta de Andalucía ha instado al gobierno central a «planificar y coordinar» con la comunidad las políticas migratorias, lamentando la falta de acción y respuesta del Ejecutivo ante una coyuntura social cada vez más compleja.
La Junta exige una distribución de menores migrantes según el modelo de gestión de contingencias migratorias para la infancia y adolescencia no acompañada, aprobado en septiembre de 2022, el cual se basa en el principio de solidaridad. A día de hoy, 567 menores han sido trasladados como adultos a Andalucía, con la Junta asumiendo toda la carga de atención de forma unilateral y con recursos propios.
La Junta de Andalucía reclama que los expedientes de determinación de edad sean iniciados en los puntos de llegada, como las Islas Canarias, y que se incluyan las reseñas policiales y el Registro Mena cuando sea aplicable. El traslado de estos menores sin la verificación de su edad por parte del Ministerio del Interior ha tenido serias consecuencias para su correcta atención.
Desde hace tiempo, la Junta ha advertido al Gobierno central sobre la llegada de menores migrantes con apariencia de adultos durante los traslados a la Península, informando de esta situación en diversas conferencias sectoriales y mediante comunicaciones formales al Ejecutivo. Sin embargo, no ha recibido respuesta, lo que ha llevado a la comunidad a tomar medidas previas a acciones legales para buscar una solución a esta problemática social y económica.
Fuente: Junta de Andalucía.
