El Consejo de Gobierno ha revisado un informe de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado sobre el acuerdo entre el PSOE y ERC en cuanto a la financiación singular de Cataluña, y su posible repercusión en las comunidades de régimen común. Este informe refleja las preocupaciones de doce expertos convocados por el Senado, quienes resaltan varias inquietudes que coinciden en gran medida con la postura del Gobierno andaluz en contra de un trato financiero privilegiado para Cataluña.
Uno de los puntos críticos mencionados es la falta de encaje constitucional del pacto entre PSOE y ERC, así como la necesidad de abordar la financiación de las comunidades autónomas desde un enfoque multilateral. Los expertos destacan que el modelo propuesto podría debilitar el principio de solidaridad, esencial en el sistema de financiación establecido por la Constitución. Además, consideran que la extensión de este modelo a otros territorios podría llevar a la quiebra del Estado y fomentar una competencia fiscal nociva entre regiones, al crear disparidades en las competencias fiscales y tributarias.
También fue subrayada la posibilidad de aumentar el fraude fiscal y una ineficaz gestión tributaria debido a la fragmentación de la Agencia Tributaria estatal. Los expertos abogan por una urgente reforma del sistema de financiación, demandando recursos suficientes para todas las comunidades y asegurando un reparto de recursos equitativo y transparente.
El informe recuerda que la reforma del sistema de financiación autonómica comenzó en 2017, pero las recomendaciones del Informe de la Comisión de Expertos de entonces no han sido consideradas en el acuerdo actual propuesto por PSOE y ERC. Ante esto, el Gobierno andaluz reafirma su posición de que ningún trato singular debe ser otorgado fuera de lo que la Constitución reconoce, viéndose cualquier distinto trato hacia Cataluña como un privilegio injusto.
La Junta de Andalucía exige una reforma urgente del sistema de financiación para las comunidades de régimen común, con la participación de todas las autonomías. Además, sugiere la creación de un fondo transitorio de nivelación, dotado con 3.719,8 millones de euros, para equilibrar las brechas de financiación entre las comunidades. Según el análisis de la Fundación FEDEA, Andalucía debería recibir 1.522,7 millones de este fondo, y Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha también recibirían cantidades significativas.
Finalmente, el Gobierno andaluz sigue comprometido con el mandato del Parlamento de Andalucía de 2018, que busca un modelo de financiación más justo y equitativo. Este compromiso reafirma la oposición de la Junta a cualquier acuerdo que perpetúe agravios dentro del sistema actual.
Fuente: Junta de Andalucía.
