El Consejo de Gobierno ha examinado las alegaciones de la Consejería de Industria, Energía y Minas sobre el proyecto de Real Decreto regulador de los planes de inversión en redes eléctricas, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este nuevo marco normativo busca establecer directrices para las inversiones en el transporte y distribución de electricidad, mediante un proceso abierto a partir del 11 de septiembre de 2025 y concluido el 6 de octubre.
El proyecto apunta a reformar los reales decretos 1047/2013 y 1048/2013 que fijan la metodología de retribución para estas actividades. Se prevén incrementos en los límites máximos de inversión, ajustados al PIB español, y una inversión acumulada de 3.000 millones de euros para distribución de redes en cinco años.
La Junta de Andalucía ha solicitado un aumento más estable y predecible en las inversiones, similar al modelo del Real Decreto ley 23/2020. También ha propuesto mayor involucración de las comunidades autónomas en la selección de inversiones territoriales y ha destacado la importancia de «inversiones anticipatorias» para mejorar la calidad del suministro, crucial en áreas rurales y con frecuentes cortes.
El gobierno andaluz advierte sobre la necesidad de redefinir los parámetros de calidad del suministro eléctrico, sugiriendo cambios en la Orden ECO/797/2002. Esto incluye segmentación por tipo de usuario, mejor medición de la calidad de tensión, y uso de datos de contadores telemáticos.
Andalucía busca un papel más activo en el diseño y seguimiento de los planes de inversión. Propone que las comunidades autónomas sean decisivas en la priorización y diseño de estos planes, reflejando las necesidades locales.
Además, las alegaciones andaluzas se suman a una contribución al paquete europeo de redes eléctricas, European Grids Package, que pretende acelerar la electrificación e integración de renovables. Se enfatiza la mejora de la interconexión eléctrica con Francia, la eliminación de límites de inversión en redes, y la modernización y planificación de la red de distribución en Europa, alineando con los escenarios de la Comisión.
Andalucía reclama así una participación más intensa de las comunidades en las políticas inversoras, cruciales para cumplir los objetivos de electrificación y sostenibilidad energética.
Fuente: Junta de Andalucía.
