En un clima de rápidos avances tecnológicos, Estados Unidos ha redoblado su atención en regular el ámbito de la inteligencia artificial (IA), en un intento por asegurar que su desarrollo siga una trayectoria segura y beneficiosa para la sociedad. El inicio de esta iniciativa se remonta a la aprobación de la Ley Nacional de Iniciativa de Inteligencia Artificial de 2020, la cual se instauró oficialmente en 2021. Este marco legal se propuso como un esquema integral para la vigilancia y evaluación de los sistemas de IA en el país, marcando un precedente en la regulación de tecnologías emergentes.
La evolución de este esfuerzo regulador avanzó notablemente en 2022, con la presentación del Blueprint para una Carta de Derechos de la IA por parte de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca. Este documento, resultado de un año de intenso diálogo público, fija cinco principios fundamentales destinados a proteger los derechos de los ciudadanos frente a los sistemas automatizados, reflejando una preocupación creciente por el impacto de la IA en la vida cotidiana de las personas.
En paralelo, el rápido auge de tecnologías basadas en IA, como ChatGPT, lanzado por OpenAI en noviembre de 2022, plantea desafíos significativos. Su integración en áreas críticas como el sistema de justicia suscita inquietudes, dado su increíble potencial económico y la velocidad acelerada de sus capacidades evolutivas, estimadas en superar los 2.1 billones de dólares.
En un esfuerzo por mitigar los riesgos potenciales asociados con estas tecnologías, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva en octubre de 2023, orientada a garantizar un entorno de IA seguro y confiable. Esta orden exige a las empresas desarrolladoras de los sistemas más avanzados compartir sus datos de prueba de seguridad con el gobierno, especialmente en casos donde podrían existir amenazas a la seguridad nacional o pública.
No obstante, pese a los esfuerzos federales, las normativas tradicionales de competencia, como la Ley Sherman y la Ley Clayton, cobran relevancia ante el avance de la IA. Concebidas a finales del siglo XIX para prevenir monopolios y prácticas comerciales desleales, estas leyes enfrentan la compleja tarea de adaptarse a un ecosistema digital en constante novedad.
A nivel estatal, la acción proactiva toma la delantera con ejemplos como la Ley de IA de Colorado, que comenzará a regir en 2026. Esta ley apunta a sistemas de IA de alto riesgo, requiriendo la implementación de medidas de seguridad y la divulgación de información crítica.
Aunque se han logrado avances notorios, los desafíos persisten en cuanto a mantener un equilibrio entre la innovación y la protección del consumidor. Con leyes específicas en competencia digital aún en proceso, el viaje hacia una regulación efectiva y justa de la IA continúa demandando un enfoque colaborativo entre sectores públicos y privados, enfatizando la urgencia de un marco regulador que responda ágilmente a las necesidades dinámicas del siglo XXI.
