La infrafinanciación que padece Andalucía ha escalado de ser una simple reclamación territorial a convertirse en un problema estructural de injusticia financiera, con efectos palpables en la vida diaria de sus ciudadanos. Desde la implementación del modelo de financiación autonómica en 2009, impulsado por un Gobierno socialista, la comunidad más poblada de España ha dejado de recibir más de 1.500 millones de euros anuales. Esta situación se ha visto agravada por la actual administración de Pedro Sánchez, quien, en un intento por permanecer en la Moncloa, ha dependido del apoyo de fuerzas independentistas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien diseñó el modelo actual mientras ocupaba el cargo de consejera de Hacienda en Andalucía, se ha presentado como una defensora del sistema que perpetúa esta infrafinanciación. Las proyecciones sugieren que la falta de inversión podría llegar a 1.800 millones de euros anuales para que Andalucía consiga igualarse a otras comunidades autónomas.
El Partido Popular de Andalucía ha denunciado repetidamente esta situación, exigiendo una reforma urgente del sistema, pero hasta ahora ha recibido como respuesta un silencio ensordecedor o decisiones que agravan aún más la desigualdad, como la distribución arbitraria de fondos europeos y políticas activas de empleo. Esto se traduce en una doble penalización: a los andaluces se les niega una financiación justa y, al mismo tiempo, son discriminados en el acceso a recursos esenciales para el desarrollo económico y la lucha contra el desempleo.
El modelo de financiación actual caducó en 2014, pero sigue en vigor, perjudicando gravemente a Andalucía, que representa el 18% de la población española. A pesar de que se han propuesto alternativas y solicitado un diálogo entre comunidades, el éxito ha sido escaso.
Montero, en lugar de impulsar una reforma desde el Gobierno, se ha convertido en la principal defensora de un sistema que no ha variado desde su llegada al poder. Esta defensa incluye el uso de fondos extraordinarios como herramienta de presión política, dependiendo de la lealtad o afinidad de los gobiernos autonómicos.
En un giro irónico de la situación, Montero había criticado el sistema de financiación en 2018, durante la administración de Mariano Rajoy, pero desde su ascenso al cargo no ha mostrado ninguna intención de abordar las necesidades de las autonomías, especialmente de Andalucía. Juanma Moreno, presidente del Partido Popular de Andalucía, ha advertido que su comunidad no busca privilegios, sino un trato justo que refleje su población y sus necesidades.
El impacto de este «castigo presupuestario» es claro: la reducción de fondos se traduce en una menor capacidad para invertir en áreas vitales como salud, educación e infraestructura social. Desde el movimiento separatista han expresado su resistencia a equiparar la financiación de todas las comunidades, argumentando que un sistema singular acabaría perdiendo su esencia.
La pregunta que queda es: ¿cuándo se producirá el cambio en el modelo de financiación? La respuesta es incierta y, una vez más, se hace necesario seguir esperando y reclamando frente a esta situación de infrafinanciación que afecta a la comunidad andaluza.
Fuente: Partido Popular Andalucía
