En España, la realidad del aborto legal varía según la región, reflejando desigualdades territoriales que afectan a los derechos reproductivos de las mujeres. Aunque legal desde hace más de una década, la objeción de conciencia de los médicos y las políticas locales limitan el acceso en comunidades como Castilla y León, Murcia, Aragón y Madrid. Esto obliga a muchas mujeres a recurrir a clínicas privadas, lejos de sus entornos, y evidencia que, a pesar de su reconocimiento legal, el derecho al aborto aún depende de factores externos y no está plenamente garantizado. La inclusión de este derecho en la Constitución es vista como una solución para asegurar igualdad y proteger la dignidad de las mujeres, destacando la necesidad de una reforma constitucional que garantice el acceso equitativo a la libertad sexual y reproductiva.
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