La Ley 21/2021, de 28 de diciembre, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y refuerza la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España, establece que el incremento de las pensiones debe ajustarse al Índice de Precios al Consumidor (IPC) medio de los doce meses anteriores. Esta normativa asegura que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación.
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado un indicador adelantado del IPC, el cual, aunque está pendiente de confirmación a mediados de diciembre, sugiere que las pensiones contributivas podrían experimentar una revalorización de alrededor del 2,8%. Este aumento sería un alivio para muchos jubilados, ya que les permitirá hacer frente al incremento del coste de la vida en un contexto económico marcado por importantes desafíos inflacionarios.
Es crucial que los futuros pensionistas y aquellos actualmente en esta situación se mantengan informados sobre estas cifras, ya que el ajuste porcentual afectará directamente a sus ingresos mensuales. La revalorización de las pensiones no solo tiene un impacto económico para los beneficiarios, sino que también es un indicador del compromiso del gobierno hacia el bienestar de sus ciudadanos mayores y la estabilidad del sistema de pensiones. La implementación efectiva de esta ley y el cumplimiento de la revalorización prevista son pasos importantes para asegurar que los pensionistas sigan recibiendo una compensación justa por su contribución a la sociedad durante su vida laboral.
Fuente: ANPE Andalucía.
