La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) presentó como única prueba en un caso judicial el hecho de que un grupo de jóvenes, incluyendo a un menor de edad en el momento de su detención, participaba en un juego de rol. Este argumento se utilizó para justificar la detención de los involucrados, sin aportar más evidencia concreta sobre posibles ilícitos derivados de tal actividad. El caso ha generado preocupación por posibles violaciones a los derechos de los jóvenes implicados y cuestionamientos sobre la legitimidad de la medida.
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