En Estados Unidos, la mayoría de los sistemas penitenciarios han adoptado el uso de tabletas para proporcionar acceso a libros electrónicos a las personas encarceladas. Aunque esta medida parece representar un avance significativo en el acceso a la lectura, la realidad es mucho más compleja debido a una combinación de precios exorbitantes, catálogos de libros electrónicos insuficientes y políticas restrictivas que limitan el acceso a literatura impresa. Esto ha agudizado un problema de censura de libros que ya era alarmante en las prisiones del país.
Recientes datos de la campaña «Prison Banned Books Week» resaltan el uso extendido de dispositivos tablet en las cárceles, sus estructuras de precios y las bibliotecas digitales disponibles. A través de entrevistas a personas encarceladas y una campaña nacional de solicitud de información, se ha constatado que, a pesar de ofrecer acceso a decenas de miles de eBooks, las tabletas en las prisiones realmente proporcionan poco material de lectura valioso. Además, los dispositivos están fuertemente restringidos y mayormente son suministrados por dos empresas: Securus y ViaPath. La investigación también reveló que el material disponible puede no ser accesible para muchos internos.
Las compañías que ofrecen tabletas resaltan que sus bibliotecas contienen miles de libros; sin embargo, gran parte de estos libros son textos de dominio público provenientes de Project Gutenberg. Aunque esta iniciativa es notable, su biblioteca está compuesta en su mayoría por clásicos que, en muchos casos, resultan irrelevantes o anticuados. Un interno de Pensilvania describió la selección de libros como «embarrazosamente delgada», comparando la oferta a “los restos polvorientos de alguna tienda de segunda mano o un basurero en un callejón”.
El problema de acceso a libros es exacerbado por la censura generalizada de libros físicos, que son descalificados por diversas razones, como el contenido considerado «dañino», decisiones basadas en el proveedor o la necesidad de obtener permisos previos de un administrador penitenciario. Esta censura compromete el derecho de las personas encarceladas a recibir información.
Los precios de los eBooks pueden llegar hasta 0.99 dólares o más, lo que resulta desalentador considerando que el salario promedio de un preso en EE.UU. es de 0.63 dólares por hora. Muchos internos reportan que algunos libros en los sistemas de tabletas pueden costar más de 20 dólares. Además, ciertos internos deben pagar por las tabletas necesarias para acceder a este contenido, lo que puede ser prohibitivo. Estos costos dificultan que las personas privadas de libertad mantengan un vínculo con la vida fuera de los muros de la prisión.
La tendencia de reemplazar los libros físicos por copias digitales accesibles a través de tabletas refleja un cambio más amplio dentro del sistema penitenciario hacia lo digital. No obstante, estas copias digitales no son sustitutos adecuados de los libros tangibles, los cuales ofrecen una accesibilidad que las tabletas no pueden proporcionar. Este cambio también se ha extendido a la correspondencia personal, implementando políticas que impiden a los internos recibir cartas físicas.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) está litigando para defender el derecho de los internos a acceder a materiales de lectura tangibles. Se están cuestionando las políticas de ciertos condados que prohíben recibir correspondencia física, forzando a las familias a enviar cartas a empresas privadas que las escanean y destruyen las copias originales. Las personas encarceladas solo pueden acceder a estas copias digitales a través de un número limitado de tabletas compartidas en áreas comunes, lo que limita drásticamente su capacidad de comunicación con el exterior.
La demanda de EFF y otras organizaciones está en curso, con la esperanza de que los tribunales reconozcan los daños a los derechos de expresión y privacidad de los presos. Durante esta Semana de los Libros Prohibidos en las Prisiones, se abriga la esperanza de que se ponga fin a la censura de los materiales de lectura disponibles para los encarcelados, ya que restringir lo que algunas personas pueden leer afecta a toda la sociedad.
