La Comunidad de Madrid ha lanzado una medida innovadora en política familiar que permite reconocer a los hijos concebidos, pero no nacidos, como miembros oficiales de la unidad familiar a partir de la semana 21 de embarazo. Esto otorgará a las familias acceso a beneficios sociales y económicos, como becas educativas y ayudas al transporte. El gobierno autonómico busca fomentar la natalidad y apoyar a las familias ante el descenso demográfico, aunque la propuesta ha generado controversia. Mientras algunos celebran el reconocimiento jurídico del concebido, organizaciones feministas advierten sobre posibles conflictos legales relacionados con los derechos de las mujeres. La iniciativa, defendida por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, entra en un proceso de adaptación normativa para su implementación, destacándose que Madrid es la primera región en España en tomar tal decisión.
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