Marine Le Pen, líder del partido Agrupación Nacional en Francia, ha sido condenada a cuatro años de cárcel, dos con brazalete electrónico, una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación política inmediata por desvío de fondos del Parlamento Europeo, poniendo fin a sus aspiraciones presidenciales de 2027. La severa sentencia ha desatado un debate sobre el uso del «lawfare», con figuras como Donald Trump y Pablo Iglesias afirmando que representa una caza de brujas judicial que silencia la oposición política. Mientras Le Pen denuncia una violación del estado de derecho, el primer ministro François Bayrou expresa dudas sobre la aplicación inmediata de la ley. La decisión ha provocado reacciones internacionales, incluyendo críticas de Viktor Orbán y Palin Kaczyński, quienes destacan como el lawfare limita la acción política. En medio de esta controversia, una manifestación en París planea apoyar a Le Pen, reflejando las divisiones sobre las fronteras entre política y justicia.
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