El Gobierno de Melilla ha expresado su desacuerdo con la decisión del Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, de reducir en más del 60% los efectivos de la Unidad de Intervención Policial en la ciudad, pasando de 50 a 15 agentes. Esta medida ha sido calificada por el Ejecutivo autonómico y el presidente Juan José Imbroda como un «castigo» y «desprecio» hacia Melilla, especialmente dada su condición de frontera con alta presión migratoria. El sindicato Jupol critica también la suspensión de comisiones de servicio de la UIP en Ceuta y Melilla, resaltando los riesgos para la seguridad local. Además, destacan la falta de recursos y apoyo a los agentes, quienes denuncian la congelación de complementos económicos y coste de vida no cubierto. La situación ha impulsado movilizaciones sindicales para exigir mejoras y reconsideración de estas decisiones gubernamentales.
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